Las resoluciones judiciales nacionales y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ejecución hipotecaria y unas reformas legales escasas y apresuradas que no supieron responder a los conflictos que aquellas abrieron, ha terminado dibujando un panorama en el que solo la incertidumbre rige el destino de la hipoteca en nuestros órganos judiciales y, por tanto el del acreedor, que tiene el derecho a realizar la garantía y el del deudor, que no tiene la obligación de soportar una carga financiera casi a perpetuidad.
